Desde principios de 2018 se tramita en el senado una modificación a la Ley de Pesca, la cual ha sido denominada como “Ley Corta de Pesca”. En un principio, el Gobierno ingresó un proyecto que buscaba hacer cambios de asignaciones de cuotas al sector industrial establecido en la ley aprobada en el año 2012 (Ley Longueira) y de esa forma establecer normar más estrictas y mayores sanciones a la pesca ilegal.
Desde principios de 2018 se tramita en el senado una modificación a la Ley de Pesca, la cual ha sido denominada como “Ley Corta de Pesca”. En un principio, el Gobierno ingresó un proyecto que buscaba hacer cambios de asignaciones de cuotas al sector industrial establecido en la ley aprobada en el año 2012 (Ley Longueira) y de esa forma establecer normar más estrictas y mayores sanciones a la pesca ilegal.
Cuando se puso en marcha dicha ley (2012), esta entregó la posibilidad a las empresas pesqueras –que tenían permisos indefinidos de pesca- de cambiar sus permisos por unos renovables (cada 20 años), siempre cuando cumplieran con requisitos ambientales y laborales requeridos. El incentivo para emigrar de un derecho indefinido a una nueva fórmula con limitaciones en el tiempo, era que las nuevas cuotas daban una mayor certeza de captura, dando un porcentaje definido de la cuota total a cada empresa y no dejando la cuota de captura en un esquema de mayor incertidumbre. El Gobierno consideró que las renovaciones no eran lo adecuado y propuso en la Ley que al término de los 20 años de concesión, las cuotas debían licitarse. Este proyecto, en principio tenía dos temas a tratar, pero producto de la presión de la pesca artesanal –en otras materias-, se ha retrasado su tramitación.
El proyecto fue despachado a la Comisión de Pesca del Senado y se encuentra para su revisión en la Comisión de Hacienda de esta misma cámara. De la comisión de pesca del Senado, salió un proyecto bastante consensuado en casi todas las materias que se trataron. Respecto a la licitación de las cuotas pesqueras, se aprobó casi en su totalidad lo propuesto por el Gobierno. La Comisión de Hacienda del Senado recién está comenzando a votar el articulado referido a las licitaciones (que es el tema que revisará), todo indica que se aprobará, con algunas modificaciones a lo propuesto por el ejecutivo. Luego de este trámite, el proyecto pasa a la sala del Senado para su despacho total y luego va la Cámara de Diputados.
La industria pesquera y los trabajadores de la misma, han planteado reparos de fondo y dudas respecto a la implementación de estos cambios. Sectores artesanales también han planteado dudas y temores en relación a las licitaciones de cuotas.
La Ley afecta un derecho adquirido y asumido voluntariamente por las empresas renunciando a cuotas indefinidas sin que haya indemnización ni reparación de ningún tipo. La Ley no incentiva las inversiones al final del período en que se licitará la cuota y habrá cambio en las empresas que operarán con ellas. Estos cambios no se hacen cargo de qué pasará con los trabajadores que quedarán cesantes producto de esta reforma y tampoco da continuidad a las medidas que aplican las empresas que van más allá de lo que exige la Ley, tanto en materias laborales, sanitarias y ambientales, por nombrar algunas, y que al llegar una empresa nueva no tiene obligación de darles continuidad.
Se ha planteado a los senadores que las licitaciones en otras partes del mundo han sido para nuevas pesquerías, en las que están operando normalmente se reconocen los derechos históricos de las empresas, como ha sido hasta ahora en Chile. Existen dos casos de licitaciones de pesquerías que han estado operando, Rusia y uno de los países bálticos, ambos fracasaron y revertieron la medida.
Se argumenta que con las licitaciones el Estado podría obtener mayores recursos económicos, sin perjuicio de que en la actualidad el sector económico que proporcionalmente más recursos entrega al Estado, vía patentes, impuestos y otros pagos, es el sector pesquero. La forma de asegurar más recursos para el Estado vía licitación sería que las empresas dejaran de invertir en sustentabilidad y mejoras económicas para sus trabajadores.
Todas las fórmulas de asignación de derechos tienen elementos positivos y negativos, lo importante es ponderarlos bien y elegir el mejor, así se hizo el año 2012. Lo más importante es una vez hecha la asignación dejar operar al mercado para que exista certidumbre sobre los derechos otorgados. No se puede estar revisando constantemente la manera de asignar derechos.
A nuestro juicio, no ha habido una discusión a fondo, a pesar de los más de tres años de trámite de la Ley, que permita a los senadores hacer un buen juicio sobre los efectos que tendrá esta modificación. Los senadores de la Comisión de Hacienda plantearon algunas dudas al respecto, esperamos recapaciten y modifiquen la Ley en materia de licitaciones para no generar más incertidumbre en este sector.